La presidenta de COPARMEX Querétaro, Beatriz Hernández Rojas, hizo un llamado a los diputados federales para que revisen de manera responsable la reforma a la Ley de Amparo, aprobada recientemente en el Senado, advirtiendo que su contenido pone en riesgo la certeza jurídica y la seguridad de las empresas.
Hernández Rojas señaló que la iniciativa limita la suspensión del acto reclamado, lo que complica la defensa de las empresas ante créditos fiscales y bloqueos de cuentas, y podría impactar de manera directa a miles de micro, pequeñas y medianas empresas en el país.
“La reforma restringe la suspensión del acto reclamado, lo que impide a las empresas defenderse ante bloqueos de cuentas o créditos fiscales. Además, exige garantías únicamente a través de depósitos en efectivo o cartas de crédito, excluyendo a la mayoría de las MiPyMEs, que son fundamentales para la economía mexicana”, afirmó.
La dirigente expresó su preocupación por las modificaciones aprobadas, considerándolas un retroceso en justicia constitucional y una vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos y del sector productivo.
“El juicio de amparo ha sido, durante más de un siglo, una de las contribuciones más significativas de México al constitucionalismo universal. Ha protegido la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica de millones de personas. Alterarlo sin un análisis técnico, inclusivo y responsable pone en riesgo su efectividad como herramienta de equilibrio entre la autoridad y la sociedad”, subrayó Hernández Rojas.
Aunque reconoció que la iniciativa incluye sanciones a las autoridades que no cumplan con sentencias y avances en interés legítimo colectivo, destacó que persisten graves riesgos fiscales, además de un artículo transitorio que permitiría la aplicación retroactiva de la reforma, afectando juicios en curso.
“Este cambio infringe principios básicos del Estado de Derecho, como el artículo 14 constitucional, y enviaría un mensaje negativo a los inversionistas nacionales y extranjeros. La confianza en las instituciones y en la ley es esencial para la estabilidad económica del país”, puntualizó.
La presidenta informó que los 71 Centros Empresariales de COPARMEX en México han manifestado su desacuerdo mediante cartas formales dirigidas al Congreso de la Unión, donde se detalla el impacto que la reforma tendría en la operación empresarial y la defensa de los derechos ciudadanos.
“Desde Querétaro, hacemos un llamado a la Cámara de Diputados para que actúe con visión de Estado y corrija esta minuta. El amparo no debe debilitarse, sino mantenerse como el escudo que garantiza que ninguna autoridad esté por encima de la ley”, agregó.
Finalmente, reiteró la disposición del sector empresarial para participar en un diálogo plural y técnico que permita crear una legislación moderna y equilibrada.
“Una reforma de esta magnitud requiere la participación de todos: academia, sociedad civil, colegios de abogados y sector productivo. Solo así podremos fortalecer el Estado de Derecho que sostiene la democracia y la economía de México”, concluyó.
Con información de: updateme.news