Alrededor de 50 mil familias residen en asentamientos irregulares en Querétaro y enfrentan retrasos de hasta 25 o 30 años para obtener las escrituras de sus hogares, acceder a servicios básicos y tener certeza jurídica sobre su patrimonio.
Frente a esta situación, el senador Agustín Dorantes Lámbarri anunció una iniciativa para agilizar los procesos de regularización, ofreciendo acompañamiento a las familias y promoviendo reformas legales a nivel federal y estatal.
El legislador indicó que buscará establecer una mesa de trabajo con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), presentará un exhorto en el Senado y fomentará iniciativas para simplificar los trámites de regularización.
“Vamos a hacer un esfuerzo, una iniciativa, para impulsar los procesos de regularización de los asentamientos irregulares en el estado junto con diversas dependencias, con el fin de garantizar la certeza patrimonial de sus terrenos y viviendas”, afirmó.
Dorantes destacó que regularizar un asentamiento implica no solo entregar escrituras, sino también permitir que las familias puedan heredar su patrimonio y acceder a derechos como agua potable, drenaje, electrificación, calles urbanizadas y espacios públicos.
“No regularizar asentamientos humanos afecta directamente la dignidad y calidad de vida de las familias”, señaló.
Según las cifras presentadas, en Querétaro se han identificado 1,168 asentamientos irregulares por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.
De estos, 241 ya fueron regularizados, 492 iniciaron su proceso y 435 aún no lo han hecho. Además, 356 comenzaron su regularización con entidades federales, de los cuales 97 completaron el trámite y 259 continúan en proceso.
Trámites que se extienden por décadas
Durante la conferencia, habitantes de distintos asentamientos expusieron los obstáculos que enfrentan para obtener la regularización.
Representantes de Bosques de San Pablo señalaron que llevan más de 25 años en litigios debido al fallecimiento de la propietaria original del terreno, además de enfrentar procesos judiciales que han retrasado la entrega de escrituras. Mientras tanto, continúan sin drenaje ni acceso a agua potable, dependiendo de un hidrante para abastecerse.
En la colonia Halcones, el proceso ha superado los 15 años. Sus representantes atribuyeron parte de los retrasos a los constantes cambios de delegados del INSUS, ya que cada nuevo funcionario modifica criterios o reinicia revisiones previamente acordadas.
Habitantes de Altos del Salitre indicaron que, tras casi dos décadas de gestiones, aún carecen de drenaje, transporte público y red de agua potable, mientras que vecinos de Las Margaritas afirmaron haber pagado sus escrituras hace cuatro años sin haber recibido los documentos debido a nuevos requisitos, estudios técnicos y trámites detenidos entre diversas dependencias.
También mencionaron que las diferencias políticas entre autoridades han complicado los procesos administrativos.
Simplificación de trámites
Dorantes anticipó que las reformas buscarán reducir tiempos y simplificar procedimientos administrativos, además de fortalecer el acompañamiento institucional para evitar que estudios técnicos, cambios de funcionarios o trámites inconclusos mantengan detenidas las regularizaciones.
El senador también advirtió que la estrategia no tiene como objetivo incentivar nuevas invasiones de terrenos.
Recordó que la legislación solo permite regularizar asentamientos constituidos antes de 2012 y denunció que en el pasado hubo “prácticas de pseudolíderes sociales que aprovecharon a las personas y las dejaron en situaciones de indefensión”.
Con información de: updateme.news