- Los desafíos globales en la extracción de mercurio afectan a “tres mil familias de la Sierra Gorda”, afirmó Izarelly Rosillo
Por Ana Claudia Álvarez, CUPI UAQ
“No debemos criminalizar a los mineros de mercurio en Querétaro si buscamos una transición justa, inclusiva, de gobernanza ambiental y de derechos humanos”, declaró Izarelly Rosillo Pantoja en el conversatorio “Guerras por los recursos estratégicos: extractivismo, energía y conflictos contemporáneos”.
Durante su presentación “La geopolítica del mercurio: poder, recursos minerales, derechos humanos y gobernanza ambiental internacional”, la investigadora de la UAQ y catedrática en derechos humanos subrayó la importancia de analizar este elemento más allá de sus impactos químicos y ambientales.
“Es necesario alejarnos de una perspectiva estrictamente química o ambiental” del mercurio, sugirió, para entender su dimensión histórica, económica y geopolítica. Izarelly Rosillo participó en el seminario internacional Pensar en las guerras actuales: pasiones y conflictos de la democracia.
La investigadora destacó que Querétaro es el segundo mayor productor de mercurio en el mundo, después de China, y advirtió que los problemas relacionados con su extracción amenazan “la seguridad global, la soberanía de los Estados y, por supuesto, la vida de tres mil familias de la Sierra Gorda queretana”.
Respecto a los riesgos para la salud, explicó que la exposición al mercurio puede ocurrir a través de procesos industriales y por su presencia en el aire, suelo, agua y alimentos, causando daños neurológicos por exposición crónica.
Durante su presentación, comparó los niveles de mercurio en la orina de los trabajadores con una referencia normativa de Estados Unidos de cinco nanogramos. Según los datos presentados, los mineros de la Sierra Gorda registran concentraciones que oscilan entre 100 y 2,500 nanogramos.
“Es muy doloroso ver la situación de estos mineros”
La investigadora describió las precarias condiciones de vida de algunos trabajadores, con infraestructura rudimentaria y escasa protección ante los riesgos de su labor. “Es muy doloroso ver lo que enfrentan estos mineros”, afirmó.
Asimismo, cuestionó que las comunidades productoras soporten los daños de una actividad cuyos beneficios se dirigen a mercados internacionales. “¿Quiénes son los criminales? Son los mineros de Querétaro”, planteó la investigadora, quien destacó que estos trabajadores “son los que menos ganan, los más expuestos y carecen de acceso a servicios de salud”.
Insistió en que el mercurio también forma parte de la identidad histórica de México, desde el uso ancestral del cinabrio hasta su relevancia en la minería actual.
Por ello, hizo un llamado a crear alternativas que protejan a las comunidades y aseguren una transición ambiental con justicia social.
El conversatorio, moderado por Celia Guerra Urbiola, también incluyó las intervenciones de Ricardo Garduño Oceguera, quien analizó los recursos naturales como factores de poder y conflicto; José Juan Pichardo Trejo, quien trató el extractivismo armado y la gobernanza criminal; y José Manuel Juárez López, quien abordó los impactos ambientales, económicos y regulatorios de los sistemas fotovoltaicos en Querétaro.
La actividad se llevó a cabo en el Aula Forense de la Facultad de Derecho.
Con información de: updateme.news