El Registro Civil de Querétaro otorgó 12 cambios de identidad de género entre agosto de 2025 y agosto de 2026, todos a través de resoluciones judiciales, mientras que alrededor de 65 solicitudes fueron rechazadas por no contar con una sentencia que ordenara el procedimiento, informó su director, Apolinar Casillas Gutiérrez.
La diferencia se debe al procedimiento vigente en el estado. Según el funcionario, la legislación local no permite al Registro Civil realizar administrativamente la modificación de identidad de género, por lo que se requiere una resolución judicial para llevar a cabo el proceso.
“Se han concedido 12 casos, pero solo porque han presentado una resolución judicial en ese sentido, y nosotros simplemente cumplimos con esa resolución”, explicó Casillas Gutiérrez.
El director indicó que los 12 procedimientos se distribuyeron casi en partes iguales entre hombres y mujeres y que actualmente no hay resoluciones judiciales pendientes de cumplimiento.
En contraste, aproximadamente 65 solicitudes fueron denegadas durante el mismo período. La mayoría de estas solicitudes provino de otras entidades del país, especialmente de la Ciudad de México, aunque también se recibieron trámites de la Dirección de Servicios Consulares.
Casillas aclaró que algunos de estos casos corresponden a personas que modificaron su identidad de género ante registros civiles de otros estados y luego solicitaron en Querétaro la reserva de su acta de nacimiento original.
“Desde agosto del año pasado hasta agosto de este año, hemos rechazado aproximadamente 65 solicitudes de diversos estados de la República, particularmente de la Ciudad de México, aunque no es la única entidad involucrada”, detalló.
Cuando existe una sentencia judicial, el Registro Civil realiza una anotación marginal en el acta y la reserva correspondiente. Una copia de la resolución se conserva como respaldo del procedimiento.
La información original permanece disponible para fiscalías y autoridades judiciales cuando sea necesaria en investigaciones o procedimientos relacionados con obligaciones adquiridas previamente, como pensiones alimenticias, créditos bancarios o deudas comerciales.
Casillas Gutiérrez afirmó que el Registro Civil no tiene constancia de que alguna de las 12 personas que obtuvieron la modificación mediante sentencia haya utilizado el cambio de identidad para evadir obligaciones financieras o legales.
Con información de: updateme.news